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Alta Consejería Presidencia para la Seguridad Ciudadana

Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Consejería

Objetivos y Principios

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana –PNSCC, se enmarca en los lineamientos de política pública establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 “Prosperidad para todos”, en el respeto a los principios constitucionales, las libertades ciudadanas, el pluralismo y la organización político-administrativa del Estado.

Objetivo general

Proteger a los nacionales y extranjeros que se encuentren en Colombia, en su vida, integridad, libertad y patrimonio económico, por medio de la reducción y la sanción del delito, el temor a la violencia y la promoción de la convivencia.

Este objetivo se logrará mediante la reducción de la incidencia general de la criminalidad, del número de homicidios, de los delitos y contravenciones relacionados con la convivencia, del miedo de los ciudadanos a ser víctimas del crimen y del aumento de la judicialización y condena de los delincuentes violentos.

Objetivos Específicos

Para alcanzar el objetivo general, se han identificado siete específicos, que a su turno establecen unos lineamientos  generales para la implementación:

  1. Reducir las probabilidades de inicio de carreras criminales y la reincidencia de los victimarios, y dificultar la comisión del delito, en especial de alto impacto.
  2. Mejorar la presencia y respuesta de la policía, así como su capacidad disuasiva y de control social, de investigación criminal y desarticulación de redes criminales.
  3. Incrementar la judicialización y la condena de los responsables del delito, la orientación y aten­ción a víctimas de delitos graves, y las resocializaciones viables.
  4. Lograr comportamientos sociales colectivos de apego a la ley que favorezcan la convivencia social y la resolución pacífica de las diferencias y los conflictos.
  5. Concientizar a los ciudadanos de sus responsabilidades como miembros de la sociedad en la lucha contra el delito y su papel activo dentro de la comunidad.
  6. Lograr decisiones de política pública a partir de un mejor sistema nacional de información del delito, y el estudio y evaluación de las políticas sobre el tema.
  7. Facilitar la labor de las autoridades en la lucha contra el delito por medio de la adecuación del régimen penal y las disposiciones sobre convivencia ciudadana. 

Principios

La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se rige por principios rectores que orientan las acciones por implementar y responden a la vocación institucional, respetuosa del ordenamiento jurídico y pluralista, que inspiró su diseño y formulación.

Los principios rectores de la política son los siguientes:

1. Salvaguarda de las libertades y derechos individuales

El eje de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana son los derechos del ciudadano y su ejecución se enmarca en el deber estatal de protegerlo integralmente. Por lo tanto, la política contribuye a generar y mantener “las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”.

2. Articulación dentro del Estado

El éxito de la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana depende en gran medida de la colabora­ción armónica entre las ramas del poder público. En particular, de la capacidad de las entidades y agencias del Gobierno Nacional que la ejecutan para comprender su lógica y ajustar y enfocar los programas y proyectos relacionados con ésta, con los objetivos, ejes estratégicos y líneas de acción aquí definidos. Ello requerirá articulación y diálogo permanente, además de seguimiento y evaluación conjunta.

3. Coordinación Nación–Territorio

En la Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana se fijan los lineamientos generales para gestionar la seguridad y la convivencia ciudadana en todo el territorio nacional, sin perjuicio del principio de autonomía territorial.

Los gobernadores y alcaldes deben reconocer las características propias de la criminalidad y la violencia en su territorio y realizar las acciones pertinentes. La política responde a los siguientes principios:

  1. Coordinación, que implica que las entidades territoria­les deberán armonizar su actuación con la estrategia emanada de la nación.
  2. Concurrencia, que hace referencia a que las entidades locales y departamentales deben actuar en concordancia con las competencias de cada autoridad territorial.
  3. Subsidiariedad, que determina que en el evento en que el departamento o municipio no cuente con la capacidad institucional o pre­supuestal para prevenir y contener la situación de criminalidad y violencia en su territorio, sus necesidades deberán atenderlas entidades de niveles superiores.
  4. Autonomía Territorial, La Política Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana está orientada a crear y fortalecer la capacidad instalada de las entidades territoriales para prevenir y controlar la violencia y la delincuencia en su territorio, así como restablecer el orden constitucional y las condiciones necesarias de seguridad y conviven­cia. Este principio busca incentivar el liderazgo de las autoridades departamentales, distritales y municipales en la gestión territorial de la seguridad y convivencia, e impulsar la responsabilidad de éstas, en el marco de las competencias establecidas.
  5. Corresponsabilidad, la seguridad y convivencia ciudadana es un asunto de todos en la socie­dad. Su logro demanda no sólo el concurso de los poderes públicos, en función de sus com­petencias misionales, sino también los esfuerzos articulados de las entidades nacionales y territoriales del Estado con el sector privado, la academia, la sociedad civil organizada y la ciudadanía en general.
 
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