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Declaración de Humberto de la Calle, Jefe de la Delegación del Gobierno en la Mesa de Conversaciones

La Habana, 1° Jul (SIG). Hemos iniciado la discusión del segundo punto de la Agenda sobre participación política y ciudadana.

En el Acuerdo General se establece que este punto de la agenda contiene tres temas que quiero recordar:

1. “Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general, y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación.

2. Mecanismos democráticos de participación ciudadana, incluidos los de participación directa, en los diferentes niveles y diversos temas.

3. Medidas efectivas para promover mayor participación en la política nacional, regional y local de todos los sectores, incluyendo la población más vulnerable, igualdad de condiciones y con garantías de seguridad”.

Sobre estos temas y solo sobre ellos, gira la discusión de participación política.

Así pues, hay unos parámetros claros para las conversaciones de este punto que se pactaron el año pasado. Eso es lo que el Gobierno está dispuesto a discutir. Y nada más.

Cualquier otro tema que propongan las Farc por fuera de esta agenda, entendemos que hace parte de su ideario y que pueden someterlo a la consideración de los colombianos, si hacen el tránsito a la democracia.

Hay entonces, un primer aspecto clave: toda la discusión de este punto de la Agenda tiene relación con el fin del conflicto. En la medida en que significa la transición de las Farc hacia un movimiento político, pero también en la medida en que el fin del conflicto requiere la promoción de la participación de todos -de la participación política y de la participación ciudadana- para consolidar la paz.

Ahora bien: lo que aquí acordemos solo se aplicará si hay dejación de las armas y reincorporación a la vida civil de las Farc.

El acuerdo que estamos construyendo es integral: tenemos que tener acuerdo sobre todos los demás puntos, en especial sobre el fin del conflicto y sobre los derechos de las víctimas, antes de abrir cualquiera puerta a la participación de las Farc en política.

Además, para que haya participación de ese grupo en política, son necesarios dos tipos de garantías: garantías de parte del Estado, para su seguridad una vez ingresen a la vida civil y para que hagan oposición dentro de la legalidad.

Y de parte de ellos, de las Farc, garantías de que dejarán las armas y actuarán lealmente dentro de las reglas de la democracia.

Nunca más política y armas juntas. Nunca más combinación de todas las formas de lucha.

Este es un beneficio concreto para Colombia que se desprendería del acuerdo que buscamos construir en el tema de la participación política.

El punto de partida de la discusión es la Constitución de 1991. El marco garantista ya existe: no se trata de ninguna manera de reestructurar el Estado, sino de aprovechar la oportunidad que significa el fin del conflicto para vigorizar nuestra democracia.

Aun con sus defectos, que los tiene, en 1991 se dieron pasos gigantescos en materia de apertura política: se puso fin al bipartidismo, se dio vida a movimientos ciudadanos, se abrieron espacios a las minorías, se optó por la elección de gobernadores, se creó un profuso y detallado esquema de financiación estatal de las campañas y los partidos con amplio acceso a medios de comunicación, se liquidó el estado de sitio permanente, se garantizaron las libertades civiles con la inclusión de la tutela -un mecanismo indiscutiblemente eficaz-, se crearon organismos independientes del ejecutivo, se amplió el poder de los órganos de control, se crearon instituciones que luego vinieron a combatir la llamada parapolítica.

¿Algo de esto no ha funcionado óptimamente en la práctica? Es cierto.

Pero eso demuestra que el mayor esfuerzo no debe agotarse en reabrir discusiones normativas, aunque algunas nuevas regulaciones serán necesarias, sino en lograr una mayor eficacia y precisar las herramientas, con énfasis en el ámbito local, para incorporar a la vida ciudadana a muchos desarraigados. Dentro de ese marco, el Gobierno obrará con amplitud.

La construcción de la paz en las regiones luego del fin del conflicto, requiere de una gran participación ciudadana para discutir, desarrollar y materializar lo acordado en el Acuerdo Final, en particular la Reforma Rural Integral pactada en el punto uno de la Agenda.

Tanto el fin del conflicto como la mayor participación ciudadana en las regiones, puede dar lugar a la formación de nuevos partidos o movimientos políticos, lo cual debe contribuir a un mayor debate democrático y a la consolidación de la paz.

De esta manera, otro beneficio claro para Colombia como producto del acuerdo que perseguimos, será el de una vigorización de nuestra democracia, tanto en el ámbito nacional como especialmente en el contexto regional.

Así como es imposible llevar a cabo un gran programa de desarrollo rural con el conflicto atravesado en medio del camino, así también es muy difícil mejorar cuantitativa y cualitativamente la participación política y la participación ciudadana en las regiones si perdura el conflicto.

El conflicto dificulta la participación democrática, sobre todo en las regiones.

Y repito: Para que se ponga en práctica lo acordado en materia de participación política y participación ciudadana, será necesario haber llegado a acuerdos en los demás puntos de la Agenda, en particular en lo que respecta a la dejación de armas, reincorporación a la vida civil de las Farc con las debidas garantías por parte del Estado y mecanismos de justicia transicional para que reconozcan y le respondan a sus víctimas.

Este es el sentido de lo pactado en el Acuerdo General cuando se dijo que “las conversaciones se darán bajo el principio de que nada está acordado hasta que todo esté acordado”.

Si tenemos éxito en este proceso de conversaciones, erradicaremos esa nefasta práctica de la combinación de todas las formas de lucha.

Ideas sí, balas no. Muchas gracias.

 
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