Omitir vínculos de navegación
2011
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
NOTICIAS
2014
2013
2012
2011
2010
SALA DE PRENSA
NOTICIAS
FOTOS
AUDIOS
VIDEOS
DISCURSOS
D L M M J V S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
 
Sistema Informativo del Gobierno
SIG
Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en el Foro Legislar para la Paz

Bogotá, 23 may (SIG). “El martes de la semana pasada tuvimos la feliz oportunidad de recibir en Bogotá al jurista surcoreano Sang-Hyun Song, Presidente de la Corte Penal Internacional, quien vino a suscribir con nuestro país un convenio de ejecución de sentencias de dicha corte.

En virtud de este convenio, Colombia es el primer país de América y el sexto en el mundo que acuerda la posibilidad de que algunas personas condenadas por dicho tribunal paguen sus condenas en nuestro territorio.

La suscripción de este acuerdo es apenas una muestra más del compromiso y de la voluntad que tienen, no sólo el Gobierno, sino el Estado colombiano, para apoyar el papel de la Corte y, sobre todo, combatir la impunidad de los crímenes de lesa humanidad.

He sido el único mandatario de un país invitado a hablar en la Asamblea de Estados Partes de la Corte Penal Internacional —que se reunió por última vez en Nueva York en diciembre pasado— y allí dije algo de lo que estoy convencido:

Gobierno ve como aliada a la CPI

No creemos que exista una dicotomía entre la justicia penal internacional y las justicias domésticas.

Ambas hacen parte del sistema creado por el Estatuto de Roma y, por ello, la dicotomía no es entre los Estados y la Corte Penal, sino entre los Estados y la Corte —de un lado— y los perpetradores de crímenes atroces —del otro—.

Es precisamente por eso por lo que nuestro gobierno concibe a la Corte Penal Internacional como una aliada en la lucha contra la impunidad.

Siguiendo esta línea de respeto y colaboración, le anuncié al presidente Song que en la legislatura que comienza el próximo 20 de julio presentaremos al Congreso un proyecto de ley de Cooperación y Asistencia Judicial con la Corte Penal Internacional.

De esta forma cumplimos el compromiso de nuestro país, adquirido en el mismo Estatuto de Roma, de garantizar que en nuestro derecho interno existan procedimientos aplicables a todas las formas de cooperación que contempla dicho convenio, y en las Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte.

Entendemos, por supuesto, que la jurisdicción penal internacional tiene un carácter complementario y residual, y que la justicia penal nacional tiene un carácter preferente.

Por eso —y en esto debemos ser claros—, así como cooperamos —¬y cooperaremos— con la Corte Penal Internacional, nos enfocamos a nivel interno en que el Estado colombiano ejerza su jurisdicción contra los responsables de crímenes internacionales.

En esta cooperación o —dicho de una manera más técnica— en esta complementariedad que existe entre la justicia internacional del Estatuto de Roma y la justicia nacional, me parece muy oportuna la convocatoria que ha hecho la Comisión de Paz del Senado, presidida por el senador Roy Barreras —con el apoyo de la OEA, la AECID, las Embajadas de Francia y de Suiza, y la revista Semana— a este foro.

El juez Baltasar Garzón

Encuentro que se debatirán interesantes materias por parte de amplios conocedores del tema, y me parece muy grato encontrar dentro de estos al juez Baltasar Garzón, quien se inaugura como asesor de la MAPP/OEA, que nos acompaña en el proceso de justicia y paz, y de justicia transicional.

Como lo dije el martes, con ocasión de la visita del juez Song, la vinculación a esta misión de la OEA de un jurista de los conocimientos, la trayectoria y la experiencia del magistrado Garzón, contribuirá —sin duda— a que continuemos aplicando de la mejor manera los principios de verdad, justicia y reparación.

No hay que olvidar que el nuestro ha sido el único país en el mundo que ha intentado un proceso que busca realizar estos tres principios sin haber superado totalmente la amenaza de los grupos violentos.

Por eso dicho proceso es tan valioso y por eso, también, ha sido complejo.

Porque ha requerido ir aprendiendo sobre la marcha y ha exigido de mucha creatividad.

Balance de justicia y paz

La Ley de Justicia y Paz, como todos sabemos, ha producido resultados importantísimos, en cuanto a desmovilizaciones y, muy especialmente, en cuanto a la información y el esclarecimiento sobre hechos de violencia que de otra forma hubieran permanecido en la oscuridad.

Nadie puede devolverles a las víctimas a los seres queridos que perdieron, pero muchas veces recuperar sus restos, o saber a ciencia cierta qué pasó con sus vidas, es un alivio fundamental que les permite mirar hacia el futuro.

Eso es lo que queremos en Colombia, y permítanme ser reiterativo con estos términos:

Que haya verdad, que haya justicia y que haya reparación.

Por ese motivo hemos complementado la llamada Ley de Justicia y Paz —que creó el marco jurídico para el proceso de justicia transicional— con la Ley de Víctimas que está siendo discutida en último debate por el Senado de la República y que confiamos en que será aprobada.

Su objetivo es reparar a las víctimas de crímenes atroces y restituir sus tierras a los campesinos que fueron despojados de sus parcelas por los actores armados ilegales.

Su objetivo es ayudarnos a sanar las heridas que aún están abiertas en nuestra sociedad.

Ninguno de nosotros quisiéramos que en unos años, o en décadas, las plazas de nuestras ciudades estuvieran llenas de madres o abuelas —como la famosa Plaza de Mayo— preguntando por el paradero de sus hijos o sus nietos.

No. Nosotros tenemos que aprender a superar la violencia que nos ha tocado vivir, y que aún persiste, y decidirnos a construir una sociedad reconciliada y progresista.

El Estado colombiano está dispuesto a hacer un gran esfuerzo para que se alcance la justicia y se logre la reparación de las víctimas, y podemos decir, por fortuna, que contamos con el acompañamiento de la comunidad internacional.

¿Qué buscamos al fin y al cabo? Buscamos la justicia, esa justicia a la que se ha llamado justicia transicional.

Una justicia que se puede definir —tal como lo hacen Rodrigo Uprimny y María Paula Saffon— como aquellos procesos de transición ‘mediante los cuales se llevan a cabo transformaciones radicales de un orden social y político determinado, que enfrentan la necesidad de equilibrar las exigencias contrapuestas de paz y justicia’.

Equilibrar justicia y paz

¿Y cómo equilibrar, cómo conciliar la Justicia y la Paz que es uno de los principales temas de este foro? Eso va a ser una discusión eterna y siempre lo ha sido; hay discusiones que han sido permanente en la historia de la democracia, en la historia del mundo, dónde traza uno la línea divisoria entre derechos colectivos y derechos individuales, esa es una discusión permanente.

Si hay una amenaza externa, si hay una amenaza, pues los derechos individuales se sacrifican para que los derechos colectivos puedan tener más vigencia. ¿Dónde traza uno la línea divisoria entre Estado y mercado? En el caso mío lo resolví con la fórmula pragmática de la Tercera Vía: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario.

¿Dónde traza uno —que es una discusión que tenemos en Colombia— la línea entre medio ambiente y desarrollo de la minería y el petróleo? Donde uno la trace va a haber reacciones. Los verdes radicales siempre van a decir: ‘no queremos minería’. Los desarrollistas: ‘no queremos controles’. Siempre va a haber gente insatisfecha.

Lo mismo sucede con esta discusión. ¿Dónde traza uno la línea entre justicia y paz?

Si uno le pregunta a las víctimas, en forma natural, en forma espontánea, dirán ‘queremos más justicia; que la línea le dé más espacio a la justicia, que se haga justicia’. Y es razonable su posición.
Pero si les preguntamos a las futuras víctimas, van a decir: ‘no, no, no, queremos más paz. Hagamos un sacrificio a la justicia, porque queremos más paz’. También totalmente razonable.

Por eso esta discusión es de una gran importancia. En este momento de nuestra historia, que tenemos tantas víctimas, pero que también podemos evitarnos millones de víctimas en el futuro, ¿dónde trazamos como sociedad esa línea divisoria entre justicia y paz?

Me parece que esa es la discusión de fondo y me parece que un escenario como el Congreso de la República, que es el poder supremo de la Nación, como lo llamaban los británicos, pues es el escenario adecuado.

Yo creo además que la Corte Constitucional, en su sabiduría, doctor Henao (Juan Carlos Henao, Presidente de la Corte Constitucional), bienvenido, en una importante sentencia del año 2005 nos da importantes claves para resolver este aparente enfrentamiento:

‘ La comunidad internacional ha admitido la importancia de alcanzar estos objetivos sociales de la Paz, pero ha hecho énfasis en que estas circunstancias de transición no pueden conducir a un relajamiento de las obligaciones internacionales de los Estados en el compromiso universal de respeto a la dignidad y los derechos humanos. En este contexto, se ha entendido que la necesidad de celebrar acuerdos políticos de reconciliación con amplios grupos sociales exige cierta flexibilidad a la hora de aplicar los principios que dominan el ejercicio de la función judicial’.

En Colombia —tenemos que reconocerlo— hemos avanzado en este proceso de forma importante, pero al tiempo hemos ido construyendo una colcha de retazos de justicia transicional a la que tenemos la obligación de darle coherencia y más capacidad.

Y les pido que no me malentiendan: apoyamos absolutamente los procesos de justicia y paz, que han sido reconocidos —por el mismo fiscal de la Corte Penal Internacional— como un modelo internacional de marco jurídico para la transición.

Resolver el tema de la ejecución de penas

Pero reconocemos, al mismo tiempo, que es urgente fortalecer dicho marco de justicia y paz.

Y déjenme darles un par de ejemplos:

Tenemos la tarea de aclarar cuáles son las reglas con base en las cuales se postula a un desmovilizado a Justicia y Paz, para que no quede duda sobre quién postula y cuándo pueden los desmovilizados solicitar la postulación.

Hay, además, que resolver el tema de la ejecución de penas.

Debemos ser conscientes de que hay personas que ya van a cumplir el tiempo de reclusión de su pena alternativa —de entre 5 y 8 años—, sin que aún haya fallos en sus casos.

Ese limbo jurídico no contribuye a la transición y pone en riesgo el sistema.

Y quisiera agregar algo más: habría que mirar y aprender de las experiencias de los tribunales ad hoc que esclarecieron las graves violaciones de derechos humanos en diversas partes del mundo, para adoptar un enfoque de investigación que nos permita garantizar la verdad y la justicia en un plazo razonable.

Porque, si el proceso de justicia y paz continúa con un enfoque de investigación ordinaria —hecho por hecho—, ¡pasarán muchos años antes de que podamos cerrar este triste capítulo!

Solución para desmovilizados rasos

Quiero destacar, finalmente, la importancia de que implementemos en debida forma la Ley 1424 de 2010 que aprobó el Congreso a fines del año pasado, en un tiempo record, para ofrecer soluciones jurídicas a los desmovilizados rasos que no han cometido crímenes internacionales.

Hay que entender que acá, más que tratarse de herramientas de política criminal, lo que estamos poniendo en práctica son verdaderos instrumentos de justicia transicional.

Bien dijo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el 2004, refiriéndose a la transición en las sociedades que han sufrido conflictos:

‘La política de enjuiciamiento debe ser estratégica, basarse en criterios claros y tener en cuenta el contexto social, por ejemplo, la necesidad de limitar la culpabilidad de los autores de delitos menos graves y apoyar su reforma y reinserción’.

Aquí tenemos un gran reto para una sociedad que, como la nuestra, quiere y debe cerrar las heridas del pasado, sin renunciar —¡sin renunciar!— a la justicia, a la verdad y a la reparación de las víctimas.

Si en Colombia queremos ser exitosos en nuestro proceso de justicia transicional, es necesario que logremos consensos de Estado entre las tres ramas del poder público.

Consensos que nos permitan —al mismo tiempo— la reconciliación, la satisfacción de los derechos de las víctimas, y la no repetición de los hechos que constituyeron crímenes internacionales.

Porque no estamos condenados —como diría Gabo— a 100 años de soledad, ni mucho menos a 100 años de violencia.

¡No estamos condenados al conflicto!

Qué bueno, senador Barreras y apreciados amigos, que hoy se abra un espacio para esta discusión tan importante para el presente y futuro de nuestro país.

La paz pero no a cualquier precio

Y yo quisiera terminar haciendo unas precisiones sobre la posición del Gobierno y la posición del Presidente de la República sobre la paz.

Me parece que este ejercicio, como lo llamó el senador Roy Barreras, es un ejercicio académico, es un ejercicio importante, es un ejercicio responsable. Y me parece adecuado que sea en el propio seno del Congreso de la República, con la participación de todos ustedes, que se vaya pensando en el tipo de estructura jurídica que nos pueda permitir llegar a una paz definitiva y duradera.

Sobre eso no tengo ningún reparo. Y mientras esto se mantenga, en ese escenario del trabajo académico, para que después el Congreso pueda nutrirse, me parece conveniente y oportuno.

Y sobre un proceso de paz. A mí algunos me acusan —y esto es una ironía—, me acusan de querer la paz. Esa acusación me honra. Creo cualquier persona tiene que estar enferma mentalmente si no quiere la paz. Algunos están enfermos mentalmente.

Pero la inmensa mayoría de los colombianos queremos la paz. Hemos sufrido demasiado tiempo, creo que somos de los países que más ha sufrido, y por más tiempo la violencia.

Por, eso a mí, por supuesto, y yo le respondo a quienes me dicen que si yo quiero la paz, la respuesta es por supuesto que quiero la paz; y voy a hacer todo lo posible por alcanzar esa paz.

Pero no a cualquier precio, porque muchas veces del afán no queda sino el cansancio y los procedimientos a veces lo llevan a uno a más violencia.

En estas circunstancias las formas y la oportunidad —el momento— son cruciales. Repito, los procedimientos, las formas y el momento —la oportunidad— son cruciales.

Acuérdense mí discurso de posesión cuando yo dije que quería restablecer relaciones con Venezuela. Y les agradecí enormemente a muchos países que estaban ahí presentes y que habían ofrecido sus buenos oficios para buscar una mediación y ver cómo Venezuela y Colombia podían restablecer sus relaciones.

Y yo les agradecí. Les dije gracias, pero no, gracias; déjenme manejar eso. Yo busco la forma y busco la oportunidad. Y yo lo tenía bastante pensado la forma y la oportunidad. Y resultó. Y resulto creo que para bien de los dos países, para bien de la región.

Lo que usted mencionaba, Marcelo Álvarez (Jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA), el día de ayer, la medición de Colombia y Venezuela para lograr que se restablezca nuevamente el sistema interamericano, para que Honduras regrese a la OEA en forma unánime por la puesta grande; eso es un paso importantísimo para la paz regional, para la conciliación entre los países del hemisferio.

También ahí hubo un gran cuidado en los procedimientos, en la forma y en la oportunidad. Muchos lo intentaron antes y lo intentaron por los caminos equivocados.

Por eso yo lo he dicho y lo reitero: no creo conveniente que nadie trate de establecer canales paralelos para buscar algún diálogo con la guerrilla y desautorizo cualquier intento en esa dirección.

Cuando consideremos que existe el momento y que esté ahí la oportunidad, allí abriremos esa posibilidad en la forma como nosotros creemos que debe ser para lograr el objetivo.

Eso lo quería dejar muy claro, porque algunos han dicho que este sólo hecho académico y esta reflexión ya era una especie de bendición para que comenzara ese periplo de mucha gente a tratar de establecer canales de diálogo paralelos, que lo único que hace es dificultar.

Y se lo digo a nuestros compatriotas colombianos y a los gobiernos extranjeros. Como se lo dije al Presidente (de Venezuela, Hugo) Chávez en su momento: una de las condiciones para que usted y yo tengamos una buena relación, deje hablar de paz en Colombia, que ese es un problema de los colombianos y del Presidente de la República. Y lo ha cumplido al pie de la letra y fíjense como ha contribuido.

Quería simplemente hacer esa aclaración, porque tengan la seguridad y vuelvo a responderle a quienes me acusan de querer la paz, que sí, soy culpable, quiero la paz. Y que si quiero al final de mí Gobierno decir logramos la paz en estos cuatro años, por supuesto. Pero como dirían los franceses il y a la maniére ; hay la forma y la oportunidad.

Muchas gracias”.

 

 
Presidencia de la República de Colombia

Evaluación del Gobierno

Contratación

Servicios al Ciudadano

Páginas Web Presidencia

Nuestra Entidad

  • gobierno en linea
  • PUC
  • Casa de Nariño para Niños
  • presidencia 2002-2006 2006-2010

Casa de Nariño: Carrera 8 No.7-26; Edificio Administrativo: Calle 7 No.6-54. Bogotá, Colombia - Conmutador (57 1) 562 9300
Horario de atención: lunes a viernes, 8:00 a.m. a 5:45 p.m. - Línea de quejas y reclamos: 01 8000 913666 - Última actualización: 23/05/2011 12:22