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Palabras del Presidente Juan Manuel Santos en la presentación de 11 nuevos proyectos de ley

Bogotá, 28 mar (SIG). “Este mes empezó un nuevo periodo de sesiones en el Congreso y todos los colombianos, y el Gobierno, tenemos grandes expectativas puestas en los honorables congresistas.

Quiero repetir una vez más:

Su trabajo en el semestre pasado fue excepcional, en cantidad y en calidad. Los colombianos, todos, pudimos ver el buen juicio y la altura de los diferentes debates que realizaron, para darle al país unas leyes muy, muy importantes para el futuro de Colombia.

Para nosotros, ese buen trabajo no es una razón –y creo que para ustedes tampoco-para dormirnos en los laureles, sino todo lo contrario, para seguir trabajando, trabajando y trabajando más y mejor.

Estamos a la espera de que se aprueben los actos legislativos muy importantes, como la reforma a las regalías, el acto legislativo de sostenibilidad fiscal, así como el que elimina el rango constitucional de la Comisión Nacional de Televisión.

También aguardamos la culminación del trámite en el Senado de una ley muy Importante, muy importante, una ley que ha generado una gran expectativa a nivel internacional, que es la Ley de Víctimas; y también está sobre la mesa la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, que tengo entendido que varios de ustedes salen para Barranquilla a seguir discutiendo esta ley que ya va bastante avanzada.

En la Cámara de Representantes, por su parte, sólo queda darles último debate al Estatuto Anticorrupción y a la Ley de Seguridad Ciudadana, iniciativas con las que todos los senadores y todos los representantes han sido muy diligentes.

Por eso podemos decir que el Congreso de la República se ha comportado como una especie de SEXTA LOCOMOTORA, que nos ha permitido el avance de las otras que impulsamos en el Gobierno, y estoy seguro de que esa sexta locomotora seguirá marchando a todo vapor.

Por eso queremos aprovechar ese dinamismo del Congreso para avanzar en otras reformas que son igualmente importantes.

Decía un pensador que “quien trabaja con diligencia, pero sin método, arroja con una mano lo que gana con la otra”.

Por eso nos reunimos hoy, para seguirle dando diligencia y método a nuestro trabajo armonioso con el Congreso.

El Ministerio del Interior y de Justicia ha elaborado una batería de 10 proyectos de ley –todas muy importantes- que venimos a presentar en este evento.

También vamos a presentar un proyecto de gran importancia, que es el proyecto de Ley de Inteligencia y Contrainteligencia.

Se trata del mismo proyecto que cuando yo estaba de Ministro de Defensa radicamos en el Congreso, y que fue aprobado por amplias mayorías en el Congreso.

Y fue aprobado sin un solo voto en contra en el último debate en la Cámara de Representantes, porque hicimos una labor muy importante de poner de acuerdo al Gobierno y a la oposición.

En ese momento el Partido Liberal estaba en la oposición, el Partido Liberal y el Polo Democrático participaron en la discusión de ese proyecto de ley, con el mismo criterio con el que hace unos días le dije al Polo Democrático: ‘Pongámonos en desacuerdo en casi todo’, porque estamos en desacuerdo con el Polo en casi todo, pero hay cosas en las que podemos ponernos de acuerdo.

Eso es madurez política, eso es madurez democrática.

Y así lo hicimos con este proyecto.

Decía (Benjamín) Disraeli que uno debe legislar pensando en que el día de mañana uno está en la oposición, y que es la forma de ver una buena legislación. Y creo que con este proyecto de inteligencia tenemos que hacer eso. Y yo invité al Polo a que nuevamente se incorporara a una discusión constructiva, pensando que el día de mañana nosotros podemos estar en la oposición y que esa ley los va a proteger a ellos como nos va a proteger a nosotros o a cualquier ciudadano.

Esa Ley fue declarada inexequible en la Corte por unos asuntos de procedimiento, porque la Corte dijo: ‘La Ley toca derechos fundamentales y por eso tiene que ser una ley estatutaria’. La habíamos aprobado como ley ordinaria.

Espero que esta discusión la podamos llevar a cabo con la misma madurez. Ahora les haré referencia a qué incorporamos como nuevo.

La aprobación de estos 11 proyectos de ley, que radicaremos posiblemente esta misma semana, nos servirá para actualizar temas trascendentales del orden nacional y local, así como para llenar algunos vacíos en la legislación de nuestro país.

En primer lugar, está la reforma al régimen departamental.

El propósito de esta reforma es dotar a los departamentos de un régimen político y administrativo que sea útil para su gestión, que los fortalezca y que impulse una descentralización efectiva.

Queremos que los gobernadores tengan las herramientas necesarias para que sean los mejores gerentes de sus regiones. Sobre todo ahora que viene un proceso muy interesante con la Ley de Ordenamiento Territorial, con la Ley de Regalías, con la discusión de las grandes obras, megaproyectos regionales. Creo que viene como anillo al dedo este nuevo régimen departamental.

La ley reforzará la responsabilidad de los gobernadores en la prevención y la atención del riesgo para casos de emergencia, como la ola invernal que seguimos padeciendo y que seguiremos padeciendo.

En esto quiero ser repetitivo: el fenómeno de La Niña nunca ha terminado y sigue, y se nos viene algo peor de lo que teníamos o de lo que sufrimos en los meses anteriores.

Estábamos precisamente con los representantes de la Cepal y del PIB haciendo una evaluación de los costos de esta tragedia, y analizábamos que lo que se viene puede ser peor.

Esta ley también les dará, entre otras facultades, la función de armonizar los planes de ordenamiento territorial en los municipios.

Se aplicarán, además, las normas de la reforma política a las asambleas departamentales –por ejemplo, la figura de la ‘silla vacía’ y el régimen de bancadas–, y se sancionará la inasistencia de los diputados.

Igualmente, se refuerza el control político de las asambleas, dándoles instrumentos como la moción de censura y la moción de observaciones.

El proyecto también crea una regulación especial para departamentos de frontera, de manera que puedan convenir programas de cooperación y de integración fronteriza con entidades territoriales de países vecinos, para impulsar el desarrollo sostenible, la prestación de servicios públicos, la protección del medio ambiente y la ejecución de obras públicas.

Un segundo proyecto de ley es la reforma del régimen municipal.

Aquí la idea es evitar desorden en la conformación política del territorio nacional.

Este proyecto endurece los requisitos para crear nuevos municipios, de manera que se tenga en cuenta su viabilidad fiscal y el impacto político en la gobernabilidad territorial.

Uno de esos requisitos, por ejemplo, es el que el número mínimo de habitantes pasaría de 14 mil a 18 mil.

En concordancia con el proyecto de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, se amplía el concepto de la asociación de municipios para que abarque la integración de sus respectivos planes de desarrollo en un modelo de planificación integral conjunto.

A los alcaldes –al igual que a los gobernadores– se les dará mayores facultades para obrar con prontitud en situaciones de emergencia.

Los ediles, por su parte, tendrán nuevas funciones, como elaborar el plan de inversiones de sus comunas o corregimientos.

Y hago una aclaración sobre un tema sobre el cual existe una muy justa expectativa:

La reforma a las contralorías departamentales y municipales NO irá en estos proyectos porque quedará incluida en el Estatuto Anticorrupción, que ya está haciendo trámite en el Congreso.

Un tercer proyecto –muy importante– es el de derechos de autor.

Por un lado, busca ampliar la tipificación del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor.

Por un lado, busca ampliar la tipificación del delito de violación a los derechos patrimoniales de autor.

La pena hoy es de 4 a 8 años de prisión, pero está limitada a la piratería de obras físicas; es decir, libros y CD de música y películas que, por ejemplo, se vendan en la calle.

Este proyecto apunta a sancionar en igual medida a quienes ‘pirateen’ obras no digitales, es decir, a quienes comercialicen este tipo de material a través de las redes informáticas.

Por otra parte, la ley regulará la responsabilidad de las empresas que prestan servicios en Internet –pues sus redes son las que usan los piratas–.

La idea es que estas empresas estén obligadas a bloquear contenidos que atenten contra los derechos de autor.

El proyecto contempla que –si las empresas no actúan como deben– los jueces podrán ordenar el bloqueo de esos contenidos en un proceso judicial o con medidas cautelares.

El cuarto proyecto es el de voluntariado

Con esta iniciativa crearemos el Sistema Nacional de Voluntariado, para articular los esfuerzos de la Defensa Civil, la Cruz Roja y los Bomberos.

Ellos son ese cuerpo de Primera Respuesta que le pone el pecho –antes que nadie– a las emergencias o calamidades.

Lo hemos visto en esta tragedia de estos últimos meses, cómo han trabajado la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos, cómo han trabajado y cómo estamos tan agradecidos con ellos.

Sus esfuerzos serán mejor aprovechados si se sientan a coordinar su trabajo de prevención y atención de desastres.

Por otra parte, conscientes de su importante servicio a la sociedad, estos voluntarios tendrán algunos beneficios.

En educación, por ejemplo, quienes completen 3 años de servicio –a partir de la expedición de la ley– tendrán descuentos en matrículas de educación formal y no formal, además de prioridad en becas de educación superior.

También podrán acceder a subsidios de vivienda y programas de vivienda de interés social.

Además, quienes no estén afiliados a salud, quedarán incluidos en el régimen subsidiado, porque entendemos la desprotección de algunos que no tienen vinculación laboral.

Un quinto proyecto es la reforma al Sistema Nacional de Bomberos

Queremos consolidar una institucionalidad que los haga sostenibles, porque no podemos tener unos bomberos que vivan de rifas y de bingos.

Y además, da grima. Me tocó muchas veces durante la campaña y antes, durante estos 10 años que hemos venido recorriendo el país, ver cómo trabajan los bomberos con las uñas, por eso creo que es un proyecto que estábamos en mora de presentar ante el Congreso.

Por una parte, aumentaremos los recursos del Fondo Nacional de Bomberos, que se alimenta actualmente con el uno por ciento de las pólizas contra incendios.

Hemos encontrado que ese tipo de póliza no tiene mucha demanda, porque la gente adquiere pólizas de riesgo por daños materiales –que incluye el riesgo de incendio–.

Por eso, el proyecto contempla que al Fondo se destine el 2 por ciento de las pólizas por riesgos de daños materiales.

Eso permitirá aumentar los recursos anuales –que hoy son de sólo 900 millones de pesos– a 10.000 millones de pesos.

Esos dineros se distribuirán con buen juicio y para ello crearemos las Juntas Departamentales de Bomberos, que deberán presentar planes anuales como requisito para recibir los recursos.

Los municipios, además, quedarán obligados a establecer un rubro para su cuerpo de bomberos.

Repito: yo creo que estos es algo que el país estaba en mora de hacer. El país debe estar muy agradecido con nuestros bomberos, al igual que con la Defensa Civil, al igual que con la Cruz Roja, pero el cuerpo de bomberos necesita urgentemente esta inyección. Es lo más justo

Un sexto proyecto es el Código General del Proceso.

Esta iniciativa responde a la exagerada lentitud con que se tramitan los procesos judiciales en Colombia.

Este Código contribuirá significativamente a corregir ese cuello de botella y aplicará para procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia.

No sólo prevé la oralidad sino también el uso adecuado de las TIC, la unificación y simplificación de procedimientos, y la utilización racional del aparato judicial.

Lo que se pretende, básicamente, es un total rediseño de las etapas del proceso, que hoy tardan –en promedio– 4 años.

El proyecto contempla que sólo sea escrita la etapa inicial de la demanda y la contestación; el resto deberá ser oral, es decir, la audiencia para la práctica de pruebas, la audiencia del fallo y la misma sentencia.

Así, prevemos que –como máximo– los procesos tarden un año en primera instancia y 6 meses en segunda instancia, manteniendo, eso sí, las debidas garantías para las partes.

El séptimo proyecto que anunciamos hoy es el estatuto de registro de instrumentos públicos

¡Debemos corregir las debilidades del registro inmobiliario!

Por un lado, el proyecto establece que, en tres años, la Superintendencia de Notariado y Registro sistematice todos –absolutamente todos– los folios de matrícula inmobiliaria.

Esta medida servirá para tener mayor control y protección de la información relacionada con la propiedad inmueble.

El estatuto también busca ponerle ‘tate-quieto’ a quienes se apropian de terrenos baldíos –en algunos casos teniendo como cómplices a autoridades de registro–.

Eso ha sido posible porque el Estado no tiene un sistema de identificación de esta clase de predios.

Por eso, nuestra iniciativa permite abrirle un folio de matrícula inmobiliaria a cada baldío, para que quede constancia de la propiedad del Estado sobre ellos.

También estamos proponiendo un concurso público y abierto para quienes quieran ingresar a la función registral –similar al concurso de notarios–.

Los registradores de instrumentos públicos, además de ser nombrados por sus méritos profesionales y académicos, contarán con un estricto régimen disciplinario.

En ese mismo propósito de transparencia, la Superintendencia tendrá facultades para intervenir oficinas que presenten irregularidades.

El octavo proyecto es el de jueces de paz.

Se refiere a esos jueces a quienes se acude para resolver conflictos por cuantías inferiores a 100 salarios mínimos, susceptibles de transacción y conciliación.

Los jueces de paz –si bien existen desde 1999– no han alcanzado logros significativos.

Por ello proponemos rediseñar el sistema, de manera que tengan un papel más relevante en la resolución de conflictos.

El proyecto de ley prevé que los jueces de paz sean elegidos por concurso de méritos, lo cual permitirá eliminar el sistema de elección popular que ha sido nocivo e inoperante.

También tendrán una remuneración por sus servicios, lo que servirá como incentivo para que presten un mejor servicio a la comunidad.

El noveno proyecto es el Código Penitenciario y Carcelario.

Por un lado, contempla que los servicios de vigilancia interna –así como la administración de los centros penitenciarios– puedan ser contratados con particulares.

De otra parte, para nadie es un secreto que hoy se siguen cometiendo delitos al interior de las cárceles, a través de medios de comunicación como los teléfonos celulares.

Por eso, en el nuevo estatuto quedará consignada la obligación de las autoridades de implementar dispositivos para interrumpir este tipo de comunicaciones ilegales, aunque ya se está haciendo; ya le di la orden al Inpec que en los principales centros carcelarios se está haciendo la gestión con las empresas de comunicaciones, para que comiencen con ese bloqueo, pero eso se va a llevar mucho más allá con ese proyecto de ley.

Además, se llevará un registro de las llamadas autorizadas a los internos, para verificar su duración y destino, con el fin de prevenir o investigar actividades delincuenciales.

El país no se alcanza a imaginar la cantidad de delitos que se cometen desde las propias cárceles; quedaría uno bastante sorprendido.

Sobre los operativos de traslado para presentar a los internos ante autoridades judiciales, encontramos que además de su altísimo costo, implican un serio riesgo de fuga.

Para esto, el proyecto establece como obligatorias las audiencias virtuales, particularmente cuando se trate de delincuentes de alta peligrosidad.

Cuántas veces llegan las solicitudes para que se traslade un delincuente de altísima peligrosidad a unos pueblitos o a unos sitios de poca infraestructura. Eso se puede hacer con los aparatos que hoy se están utilizando en el mundo entero y se están utilizando aquí en Colombia, donde uno simplemente hace la audiencia virtual, y se ahorra todo el dinero del mundo, que es lo que además queremos establecer con muchas de las cumbres a nivel regional.

Yo le decía al Presidente del Perú, Alan García, que porque no iniciábamos cumbres virtuales en lugar de tener que viajar a Lima o a Santiago de Chile o a México para esta cumbre que vamos a hacer de los cuatro países del Arco del Pacífico, que la hiciéramos virtual y que estableciéramos este procedimiento.

La cantidad de plata y la cantidad de tiempo que nos ahorramos es infinita.

Buscamos también fortalecer el sistema de vigilancia electrónica para los permisos de 72 horas y 15 días, que hoy se conceden sin ningún tipo de control. Eso es algo que estábamos en mora de hacer hace mucho tiempo.

El décimo proyecto de ley que hemos preparado es el Estatuto Arbitral Nacional e Internacional.

Éste será –sin duda– un instrumento muy importante de descongestión judicial.

La especialidad arbitral es un primer reto, porque hoy en día los árbitros atienden negocios de todo tipo.

En ese sentido, el proyecto exige que los árbitros se desempeñen en una sola materia, demostrando conocimiento especializado a través de sus estudios y experiencia laboral.

Por otra parte, se prevé que sean elegidos por sorteo público, como medida de transparencia en la designación de árbitros para asuntos en los que intervenga el Estado.

Así mismo, se determina que un árbitro o secretario únicamente podrá participar en un número máximo de tribunales de arbitramento, no sólo para permitirles mayor dedicación y agilidad en los procesos en que participen, sino también para evitar que se presenten ‘carruseles’ –ahora que la palabra está tan de moda- de privilegios en la justicia arbitral.

Además, se obliga a los árbitros a revelar toda la información que pudiese poner en riesgo su deber de imparcialidad para resolver la controversia, más allá del régimen tradicional de impedimentos y recusaciones.

En cuanto al arbitraje internacional, nuestra propuesta se basó en la Ley Modelo de la Comisión de las Naciones Unidas sobre Ley Internacional de Comercio y en la Ley Francesa de Arbitraje.

Así lograremos que Colombia sea sede de arbitrajes internacionales, siguiendo el ejemplo de países como Chile.

Finalmente, el proyecto de ley número once, como ya les dije, es el de inteligencia y contrainteligencia.

Es increíble, pero cierto: Colombia no cuenta con un marco jurídico integral que oriente, regule y limite la actividad de inteligencia.

Todos estos problemas que hemos tenido de las famosas ‘chuzadas’, tiene mucho que ver con una ‘zona gris’ que hay en la operación de todas las entidades que tienen que ver con inteligencia: hasta dónde llega, qué puede hacer una persona y qué puede hacer otra, qué puede hacer una agencia. Eso todavía está en construcción. Por eso es tan importante tener claro y evitar situaciones como las que hemos tenido que vivir en estos últimos años

No tener eso es muy grave para el país, y muy grave para la propia inteligencia.

Si algo me quedó claro en mi paso por el Ministerio de Defensa, y lo veo hoy todos los días en la Presidencia, es que la base de la seguridad es la inteligencia.

Ningún otro país de América Latina ha enfrentado amenazas del tamaño que nosotros hemos enfrentado: el terrorismo, el crimen organizado, el secuestro, el narcotráfico.

Si hemos sido exitosos, es porque las decisiones que hemos tomado –desde los golpes tácticos de impacto estratégico hasta el direccionamiento de toda la política de seguridad– han estado fundados en buena inteligencia.

Por eso, desde que yo asumí el Ministerio de Defensa lo primero que hice inclusive antes de asumir fue ver cómo reforzábamos y cómo poníamos a trabajar en equipo y cómo mejorábamos la inteligencia.

El proyecto de ley se puede resumir en un verbo: proteger

Este proyecto de ley lo que hace es proteger.

Vamos a proteger todos los estamentos que tienen que ver con inteligencia

En primer lugar, proteger los derechos fundamentales de todo ciudadano: protegerlos de toda amenaza, gracias al fortalecimiento de la inteligencia, y protegerlos de eventuales excesos de la inteligencia, delimitando claramente su ámbito de acción.

Este concepto es bien importante. El ciudadano tiene que entender que la inteligencia lo protege en su derecho a la vida, porque con inteligencia vamos detrás de los terroristas; que lo protege en su derecho a la libertad, porque con inteligencia vamos detrás de los secuestradores y de quienes quieren coartar la libertad; y también los protege de los abusos de la propia inteligencia.

Si concebimos el proyecto en esa forma, y lo discutimos con ese énfasis, ahí vamos a entender muy bien por qué es tan importante este proyecto.

Un segundo aspecto del proyecto: queremos proteger a los propios funcionarios que realizan estas actividades. Nuestros hombres y mujeres de inteligencia corren a diario enormes riesgos, y no gozan de ninguna protección legal. Eso no puede ser así.

Les voy a decir algo que suena ridículo pero así es.

Una operación encubierta como las que vemos en las películas, que uno se infiltra en una organización terrorista, está infiltrado el agente de inteligencia y resulta que lo agarran y lo matan, pero como estaba bajo otro nombre, ese agente de inteligencia no tiene ningún derecho porque mataron a una persona que no era.

Entonces para proteger a los propios agentes de inteligencia, esta ley también es muy importante.

Y tercero, tenemos que garantizar la protección de la información de inteligencia, es decir, la reserva, para que ni se ponga en riesgo la seguridad nacional por filtraciones a nuestros enemigos, ni se ponga el riesgo el derecho a la intimidad haciendo pública esa información.

Eso también es muy importante, porque ahora como es costumbre filtrar todo, y los medios de comunicación publican todo. A eso hay que ponerle también cierto tatequieto porque mucha de esa información le da una información a los bandidos, a los terroristas, a los enemigos, valiosísima, para protegerse de cualquier acción.

Este proyecto gozó ya de un gran consenso parlamentario cuando lo presentamos por primera vez en 2008.

Sin embargo, la Corte Constitucional exigió que su trámite fuera el de una ley estatutaria.

Por eso lo estamos presentando de nuevo.

En el texto original consensuado con los partidos introdujimos algunos ajustes, teniendo en cuenta algunos argumentos razonables de quienes demandaron la ley en su momento, y también incorporamos recomendaciones que nos hicieron organizaciones de derechos humanos o inclusive las propias Naciones Unidas.

Lo primero que hace el proyecto, y tal vez lo más importante, es establecer los fines legítimos de la actividad de inteligencia, y los límites correspondientes.

Esa es la estrella polar de toda la inteligencia, la que permite establecer el marco de legalidad: lo que no tenga que ver con esos fines, es ilegal.

El nuevo proyecto fortalece aun más el sistema de controles y le da más dientes a la nueva Comisión Parlamentaria.

En ella tendrán asiento los partidos de oposición y en adelante será el Congreso mismo, no el Ejecutivo, quien haga los estudios de seguridad correspondientes a los miembros de la Comisión y tome las decisiones del caso.

Eso garantiza una mayor independencia del sistema de controles externos.

Finalmente, un punto MUY IMPORTANTE es la depuración de los archivos de inteligencia.

Esta es una petición que nos han venido haciendo muchas organizaciones de derechos humanos, que han venido haciendo en la Procuraduría, que han venido haciendo en diferentes estamentos.

Debemos ‘limpiar’ esas bases de datos para excluir a cualquier ciudadano que esté allí por la simple razón de su pertenencia a un sindicato, a una organización de derechos humanos o a un partido político.

Establecer unos criterios generales de depuración no es una tarea fácil.

Existen tensiones, por ejemplo, entre proteger el derecho a la intimidad, depurando información que ya no tenga por qué estar en los archivos, y el interés general en preservar la memoria histórica de la Nación.

Esos criterios no los puede establecer sólo el Gobierno, y por eso hemos creado una comisión independiente para la depuración, que esté presidida por el Procurador General de la Nación, para que nos hagan las recomendaciones correspondientes.

En todo caso, quiero que quede muy claro:

En Colombia A NADIE, a NADIE se le podrá hacer seguimiento por motivo de su filiación política o su participación en organizaciones no gubernamentales. Que eso quede absolutamente claro.

Eso –que era algo obvio– lo deja absolutamente claro este proyecto de ley.

Apreciados amigos:

Para terminar, quiero resaltar el trabajo dedicado –en estos casi ocho meses de gobierno– de todos los que han contribuido a elaborar estos proyectos de ley, los que se han aprobado, estos que está presentando el Ministerio del Interior y Justicia, y convoco a todos los actores involucrados en este tema a que sigamos trabajando

Aquí hubo un importantísimo trabajo de concertación, de discusión de ideas y compromiso con los ajustes que necesita la legislación del país.

Hablamos con gobernadores, diputados, concejales, ediles, magistrados, académicos, representantes de los cuerpos de voluntariado y –en fin– expertos de cada materia, entre muchos otros que no menciono por falta de tiempo.

Para la presentación de estos proyectos hubo un vigoroso ejercicio de la Unidad Nacional.

Y es que… ¡de eso se trata la Unidad Nacional!

Como lo he dicho tantas veces, no es sólo un acuerdo entre partidos políticos, sino una actitud patriótica de todos los sectores de la sociedad para trabajar unidos en los temas que necesita el país.

También quiero exaltar –no me canso de decirlo– la labor de los senadores y representantes, que han hecho posible el avance de la importante agenda legislativa, y que están prestos para seguir trabajando por el país.

¡Seguimos contando con ustedes, honorables congresistas!

Y quiero reconocer el trabajo de todos los ministerios y de sus respectivos equipos, que han preparado y concertado –y lo siguen haciendo– éstas y muchas otras iniciativas.

Porque, así como hoy presentamos nada menos que once importantes proyectos de ley, debo decirles que –para usar un término del argot electoral- “faltan datos de otros municipios”, y pronto daremos a conocer otras reformas necesarias que estamos preparando en otros aspectos de la vida nacional.

Lo que viene es más trabajo, mucho más trabajo juicioso y responsable, en el Congreso de la República, que seguiremos acompañando desde el Gobierno en el natural proceso de discusión del Legislativo.

Como les dije al principio: “Quien trabaja con diligencia, pero sin método, arroja con una mano lo que gana con la otra”.

De manera que usemos las dos manos, y hagámoslo juntos, para que este nuevo periodo de sesiones en el Congreso sea tanto o más exitoso que el anterior.

Muchas gracias”.

 
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