Bogotá, 9 dic (SIG). “Hace cinco meses, en un colegio oficial de Bogotá, sancionamos en un acto solemne, presenciado por miles de niños y de jóvenes, el Estatuto Anticorrupción.
Entonces dije –y lo repito hoy con la misma convicción– que nuestra posición –la de todos los colombianos– debe ser firme, inequívoca, contundente, sobre todo ética, y que puede resumirse en el siguiente lema:
UN ABSOLUTO RECHAZO A LA CORRUPCIÓN Y A LOS CORRUPTOS.
La sociedad colombiana, como todas las sociedades del mundo –porque se trata, sin duda, de un flagelo global– ha sufrido mucho, ha padecido en carne propia los estragos de la corrupción que roba recursos al Estado –es decir a todos los colombianos– privando a nuestro país del futuro que merece.
Cada peso que se apropian los corruptos es un peso menos para la salud, un peso menos para la educación, un peso menos para las vías, un peso menos para la lucha contra la pobreza.
Por eso toda acción que adelantemos contra este flagelo se verá recompensada por múltiples y positivos resultados.
El Plan Nacional de Desarrollo, que es la brújula de nuestra administración, contiene –por primera vez– un capítulo especial dedicado al Buen Gobierno, la Participación Ciudadana y la Lucha contra la Corrupción, tres conceptos que –sin duda– van de la mano.
Y nos ha dejado unas tareas, que son la de formular una Política Integral de Lucha contra la Corrupción, la de poner en marcha un sistema de información sobre este fenómeno, y la de involucrar al sector privado y a la sociedad civil en este propósito.
La formulación de esta política no es sólo un compromiso legal sino también internacional, pues en ella deben quedar incorporados los principios rectores de los diversos convenios que nos vinculan sobre la lucha contra la corrupción.
Desde la Alta Consejería Presidencial para el Buen Gobierno –con la coordinación de la consejera María Lorena Gutiérrez, y con el concurso de un grupo muy calificado y numeroso de expertos– hemos trabajado en la definición de los lineamientos de dicha política, que serán un insumo esencial para la estrategia de corrupción que debe liderar la Comisión Nacional de Moralización.
Lo que celebramos hoy –en este día que es, además, el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, declarado por las Naciones Unidas– es un avance fundamental, pues ponemos en marcha la institucionalidad que hará posible la formulación y la aplicación de la Política Integral de Lucha contra la Corrupción.
Hoy, al instalar la Comisión Nacional de Moralización y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra Corrupción, y al firmar el decreto que crea la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República, estamos dando los pasos definitivos para concretar este propósito.
Hablemos primero de las Comisiones y permítanme darles la bienvenida y expresarles mi gratitud a todos los comisionados que hoy nos acompañan y toman posesión como tales.
Estas comisiones, creadas por el mismo Estatuto Anticorrupción, serán las encargadas de velar –de parte del Estado y de parte de la sociedad civil– por el debido cumplimiento de los dos últimos estatutos anticorrupción que se han expedido: la Ley 190 de 1995 y la Ley 1474 de 2011.
Sabemos muy bien que esta estrategia no es efectiva si la dejamos únicamente en manos del Gobierno central, y por eso estas comisiones reúnen, no sólo funcionarios del Gobierno, sino de todo el Estado y, por supuesto, de la sociedad en general.
La Comisión de Moralización –que yo mismo presidiré– incluye entre sus miembros al Ministro del Interior, al Ministro de Justicia, al Procurador General de la Nación, a la Contralora General, al Auditor General, a la Fiscal General, al Defensor del Pueblo, a los presidentes del Senado y la Cámara, a los presidentes de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado, al Secretario de Transparencia y a la Consejera Presidencial para el Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa de la Presidencia de la República.
Como puede verse, hay participación de los organismos de control, auditoría e investigación, de las ramas judicial y legislativa, y del Gobierno, de forma que podamos garantizar entre todos el cumplimiento de las normas anticorrupción.
Es más: corresponderá a esta comisión coordinar las acciones conjuntas del Estado en la lucha contra la corrupción, adoptar una estrategia anual para propender por la transparencia, la eficiencia y la moralidad en la Administración Pública, y aprobar la Política Integral del Estado contra la Corrupción.
Como dije en julio, me complace que sea el Presidente de la República quien encabece esta comisión, porque esto ratifica el compromiso personal que, desde la más alta instancia del Gobierno, tenemos con la recuperación de la ÉTICA y la lucha contra la corrupción.
Pero, como dije antes, el Gobierno no puede solo –y el Estado tampoco puede solo– si queremos ser exitosos en el propósito de quitarle espacio y viabilidad a los actos corruptos.
La lucha contra la corrupción exige un ejercicio de corresponsabilidad por parte de los demás actores sociales.
Se requiere del concurso de todos, y para ello es que instalamos también hoy la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción, desde la cual los ciudadanos organizados nos ayudarán a ser exitosos en esta cruzada.
Qué bueno ver hoy en esta Comisión a Julián Domínguez, Presidente de Confecámaras, en representación de los gremios; al padre Darío Valencia, Rector de la Universidad Católica de Pereira, en nombre de las universidades; a Tulio Ángel, Presidente de Asomedios, representando por supuesto a los medios de comunicación, y a Fredy Vega, como miembro del Consejo Nacional de Planeación.
También hacen parte de esta comisión –y les doy la bienvenida– Myriam Luz Triana, secretaria general de la CGT, de parte de los trabajadores; Rogelio Sánchez, de la Red de Veedurías; Elizabeth Ungar, Directora de Transparencia por Colombia, en nombre de las ONG dedicadas con pasión a este tema, y Jaime Rosental, representando a la Confederación de Cultos y Libertad Religiosa.
Todos ellos cumplirán un periodo de cuatro años, y estoy seguro de que cumplirán el juramento que hoy han hecho con todo el compromiso y con empeño patriótico.
Le corresponderá a esta comisión –que es completamente autónoma del Gobierno– hacer seguimiento, evaluación y recomendaciones a las políticas anticorrupción del Estado, y promover campañas y estrategias de lucha contra la corrupción en el sector privado.
Quiero confirmarles hoy a quienes integran esta importante comisión que –respetando su autonomía– contarán con todo el apoyo del Gobierno para que cumplan bien y en condiciones adecuadas su labor, que consideramos de la mayor importancia.
Porque toda esta lucha, sin la participación activa de la ciudadanía, sería un ejercicio inútil.
La corrupción es un delito complejo que requiere, casi siempre, la participación conjunta de un funcionario y un particular que se alían para buscar un provecho ilícito.
También como se ha dicho, en Colombia tenemos dos enemigos: el hombre que compra a otro y el que se deja comprar, y ambas conductas son igualmente graves.
En los próximos días, Kroll, una compañía experta en el análisis y prevención del fraude privado, dará a conocer las conclusiones de una encuesta mundial que realizó para ellos la Unidad de Inteligencia de la revista The Economist.
De acuerdo con este informe –que me lo hicieron llegar antes de ser publicado– una cuarta parte de las empresas de América Latina reporta que se han visto afectadas en los últimos doce meses por problemas que tienen que ver con soborno y corrupción.
A nivel mundial, el 47 por ciento de los encuestados –casi la mitad de ellos– consideraron que sus compañías son vulnerables a la corrupción y el soborno, y la mayoría de ellos opinó –por otro lado– que el factor que más disuade a una empresa de entrar a nuevos mercados u operar en mercados extranjeros es precisamente el fenómeno el de la corrupción.
En otras palabras: la corrupción es no sólo una presencia real en el sector privado, una amenaza latente para casi la mitad de las empresas en el mundo, sino que es también un obstáculo principal para que llegue la inversión a nuestro país o a cualquier país.
Ahora que hemos recuperado la confianza de los inversionistas en tantos aspectos –desde la seguridad física hasta jurídica– sí que resulta urgente avanzar en el tema del control y la sanción de ese flagelo de la corrupción para poder superar ese último gran obstáculo.
Dicho esto, me alegra muchísimo poder dar hoy al país la buena noticia de que a partir de este momento quedan instaladas y operando estas dos comisiones tan trascendentales para el futuro de nuestro país.
Y damos un paso más allá, también de inmensa importancia, como es la creación, dentro de la estructura de la Presidencia de la República, de la Secretaría de Transparencia.
Este es un cargo al cual le he dado una gran importancia, porque –al igual que el Secretario Jurídico o el Secretario General, por ejemplo– tendrá acceso directo al Presidente de la República y silla en el Consejo de Ministros para que el tema se debata, analice y presente en las más altas instancias del Gobierno.
El Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción cumplió su ciclo, y, por ende, se suprime.
Sea el momento para resaltar la importancia que tuvo este programa durante su existencia, y la labor del doctor Miguel Francisco Prado y su equipo.
Algunos dijeron que al programa le faltaban dientes para el ejercicio de sus funciones, pero lo cierto es que los ‘dientes’, las herramientas para investigar y sancionar, no los tiene ni los debe tener el Ejecutivo.
Para eso están la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía y los jueces.
Lo que corresponde al Ejecutivo son las tareas de prevención y coordinación. Y de análisis y de estímulo.
Por eso hemos definido muy bien cuáles van a ser las funciones que cumplirá el Secretario de Transparencia, que, como ustedes saben –y me alegra confirmarlo hoy– será Carlos Fernando Galán, quien tomará posesión apenas termine su periodo en el Concejo, a comienzos del próximo año.
Carlos Fernando ha demostrado en su tiempo de servicio público y en su desempeño político –desde el Concejo, como candidato a la alcaldía de Bogotá, como director de Cambio Radical y como periodista– un compromiso visceral con la ética y contra la corrupción, y estoy seguro de que su labor será muy exitosa.
Carlos Fernando brilla con luz propia, y no podemos dejar de evocar en él la memoria de una gran persona, gran amigo personal, su padre, Luis Carlos Galán, un hombre que supo plantarse, como pocos, frente a los corruptos y que se atrevió a decirles, con su talante comunero: ‘¡No pasarán!’.
¿Y cuáles serán las principales funciones que cumplirá la Secretaría de Transparencia, desde el Gobierno nacional?
Será el asesor directo del Presidente en materia de lucha contra la corrupción.
Ejercerá la secretaría técnica de la Comisión Nacional para la Moralización que hoy instalamos.
Coordinará el diseño de la Política Integral contra la Corrupción con base en los lineamientos ya construidos, que no son otros que la prevención, la cultura de la legalidad, la aplicación efectiva de las normas, y el control social y ciudadano.
Esta política debe estar lista para promulgarse en el primer semestre del próximo año.
También apoyará al Presidente en algo muy importante, a lo que le hemos dado mucha importancia en el Gobierno, desde el primer día lo anunciamos en la campaña: la designación de los jefes de oficina de control interno de las distintas entidades públicas del orden nacional.
De hecho, parte de nuestra estrategia contra la corrupción se basa en el fortalecimiento de estas oficinas y en la promoción de códigos de buen gobierno en cada una de las entidades, que fijen principios y reglas claras –de ética y transparencia– en todas las actuaciones oficiales.
Concebimos las oficinas de control interno como las agentes de la transformación de las entidades públicas en la búsqueda de la realización del Buen Gobierno y la Eficiencia Administrativa.
Estas oficinas serán espacios centrales para evaluar el desempeño de gestión de cada entidad, para identificar y mitigar riesgos, y para mejor su desempeño, particularmente en lo que tiene que ver con la transparencia y la lucha contra lo corrupción.
Por eso vamos a darle toda la importancia –con la Secretaría de Transparencia– a la designación de sus jefes.
A comienzos del año próximo, vamos a iniciar el proceso de identificación de los candidatos a liderar estas oficinas, y lo haremos con el apoyo de firmas calificadas de selección de personal, segmentando las entidades en función del riesgo de operación y de gestión para determinar el perfil y el papel de los jefes que deben designarse en cada una. Va a ser totalmente un proceso de meritocracia para que lleguen ahí las mejores personas.
Nuestro sueño es que, en breve, las oficinas de control interno se conviertan en la aspiración de los mejores profesionales del país, los más éticos y los mejor preparados, e –incluso– que se hagan alianzas con universidades para que nazca una nueva y cotizada profesión: la de Gestión de Oficinas de Control Interno.
Resumiendo este punto, el Secretario de Transparencia dirigirá todo el tema de la selección de los jefes de oficina de control interno –que es hoy prerrogativa presidencial– pero debe quedar claro que el Departamento de la Función Pública seguirá siendo el gran ente rector de las políticas de control interno del país.
También al Secretario de Transparencia le corresponderá –dentro de otras varias funciones– diseñar y poner en marcha uno de los retos que tiene el país en esta materia, como lo es tener un Observatorio de Corrupción y Transparencia.
Además, creará –bajo estándares internacionales– un índice de transparencia que nos sirva para formular políticas y planes de acción.
Lo cierto es que el país ha sufrido mucho la corrupción, nos hemos quejado de la corrupción, hemos combatido a nuestra manera la corrupción. Tenemos una circunstancia muy especial que la resaltaba hace unos días en un acto que hizo el señor Procurador: tenemos al frente de las entidades de control a tres personas que tienen el carácter, tienen la voluntad, tienen la preparación, tienen la credibilidad. Esas son circunstancias que no se presentan todos los días y que tenemos que aprovechar.
Pero la verdad es que nunca hemos estudiado suficientemente bien, en forma científica, cómo se lucha más efectivamente contra la corrupción. Mientras los corruptos sí todos los días se inventan mejores formas para hacer su pilatunas.
Por eso este observatorio y este indicador serán instrumentos fundamentales para mejorar nuestro desempeño en esta cruzada.
Finalmente, destaco que la nueva Secretaría nos ayudará a implementar los compromisos internacionales que tenemos en el tema en virtud de las convenciones que hemos venido firmando en Naciones Unidas, en la Organización de Estados Americanos y, más recientemente, en la OECD.
Como ustedes saben, desde comienzos del año hicimos oficial nuestra solicitud de adherir a la Convención Anti-Soborno de la OECD, y hace una semana nos visitó el Secretario General Adjunto de la OECD –con otros dos altos funcionarios de la Organización– para invitar formalmente a nuestro país a hacer parte en tres de sus comisiones: la de inversiones, la de competencia y, precisamente, la de lucha contra el soborno.
La OECD es una organización que reúne a los países con las mejores prácticas. Y son responsables de promover en los países miembros que esas prácticas se vayan mejorando día a día. Es muy importante que nosotros ya estemos haciendo parte de una de esas comisiones. Y una de esas comisiones es precisamente la lucha contra la corrupción. Es un paso muy importante hacia nuestra meta, que es ingresar formalmente a la OECD.
Así que aquí queda –a disposición del país– la institucionalidad que nos permitirá acordar nuestra política contra la corrupción, coordinar nuestras acciones y ser efectivos en el combate a este flagelo que sólo crea pobreza y baja el tono moral de nuestra nación.
Nos corresponde ahora a todos los aquí presentes y a todos los colombianos trabajar unidos, con empeño, con entusiasmo, para poner en marcha todas las herramientas legales y constitucionales que están a nuestro alcance, y para soltar ese lastre –que es la corrupción– que nos impide navegar con mayor rapidez hacia ese puerto de destino que hemos identificado: el puerto de la prosperidad para todos.
Hemos avanzado mucho, con las entidades de control, con la Fiscalía, la Contraloría, la Procuraduría, en temas que ustedes todos conocen: en la Dian, en la Dirección de Estupefacientes, en el llamado carrusel de la contratación, donde los órganos de control y la investigación que han hecho y el Gobierno, todos hemos trabajado juntos. Eso muestra que si trabajamos juntos, podemos obtener resultados.
Y vamos a seguir avanzando. Y seguimos avanzando.
Para la muestra, les voy a mencionar dos ‘botones’:
En el sector de la educación, en las últimas semanas el Ministerio ha hecho unas auditorías en los diversos departamentos –que se suman a los procesos de depuración realizados por las secretarías de educación– y ha detectado que la matrícula educativa del país estaba inflada.
El sistema educativo tenía nada más ni nada menos que 180 mil niños ‘fantasmas’ –es decir niños que o no existen o no están yendo a los colegios cuyas matrículas financia el Estado– y hoy, gracias a esta labor de fiscalización, se ha depurado esta cantidad, lo que representa 220 mil millones de pesos que se liberan para poder invertirlos en necesidades reales en el mismo sector educativo.
Son 220 mil millones que nos ayudarán en los propósitos de aumentar los cupos educativos, los subsidios y la infraestructura, en lugar de que vayan al bolsillo de los corruptos.
Y seguiremos atentos, con la Ministra Campo (de Educación, María Fernanda Campo); seguiremos vigilantes, y ya están en manos de las autoridades de control estas denuncias, estos hechos, para que no se repitan situaciones como éstas.
Otro caso también ejemplar se puso al descubierto recientemente en la antigua Acción Social, hoy Departamento de la Prosperidad Social, con la ayuda de las entidades de control.
Seis personas –5 externas y una dentro de la misma entidad– fueron aseguradas esta misma semana por el presunto fraude que estaban haciendo al sistema de atención a víctimas y desplazados –pero más que al sistema, a las propias víctimas– haciéndose pasar por tramitadores y cobrándoles por beneficios e indemnizaciones a los que ya tenían derecho.
Este caso corresponde a una denuncia que hizo la misma Acción Social hace un año, dentro de tres mil denuncias que se han puesto en los últimos 12 meses en la Fiscalía por irregularidades en el reconocimiento y atención a la población en situación de desplazamiento.
Cuando uno mira eso, uno reacciona diciendo: ¡No hay derecho! Ahora no sólo quieren robar al Estado sino a los colombianos más humildes y más vulnerables.
¿Esta gente se aseguró esta semana, qué hacía? Sabían que les iban a pagar a unos desplazados una plata que les correspondía, porque es su derecho. Iban y les decían: ‘Si me da el 30 por ciento, hago que le paguen rápidamente’. Le pagaban el 30 por ciento y les pagaban, porque les iban a pagar de todas formas. Y les decían que fueran y les contaran a otros que ellos eran efectivos en hacerles pagar. Esa era la forma como robaban a las víctimas.
¡Con la plata de las víctimas no se juega! Los recursos para las víctimas son sagrados, y vamos a defender esos dineros y esos derechos a como dé lugar.
Esa es la instrucción que he dado a Bruce Mac Master (Director del Departamento para la Prosperidad Social) para que sigamos detectando y denunciando cualquier posible fraude en este sentido.
Para los próximos dos años tenemos que seguirnos enfocando en sectores críticos como los servicios públicos domiciliarios, las regalías –que llegarán en abundancia a todas las regiones del país–, la salud, la infraestructura, la Dian y la educación.
Donde quiera se presenten intereses oscuros para desfalcar a la Nación, y robar el dinero de todos los colombianos, allá llegará la mano firme del Estado con un puño cerrado que nos reúne a todos e impedirá que se perpetúe la injusticia.
La Comisión Nacional de Moralización y la Secretaría de Transparencia –desde el Estado– y la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción –desde la sociedad civil– son, desde hoy, garantía de que la lucha va en serio.
Que lo piensen dos veces –o tres veces o cuatro– los corruptos antes de insistir en sus prácticas, porque ahora es la Nación colombiana, ahora somos 46 millones de colombianos, los que estamos vigilándolos, los que estamos listos para denunciarlos, investigarlos y sancionarlos.
¡Los que estamos listos para frenar a los corruptos!
Porque espero que con esto se haya acabado ese cuarto de hora de los corruptos y comience el cuarto de hora de los colombianos de bien.
Finalmente, hablando de la corrupción, de la ética, quiero hacer referencia a una situación también de coyuntura.
Yo he practicado toda mi vida, sobre todo en materia de comportamiento ético, ese dicho popular de que “a veces hay que ser más papista que el Papa”. Y otro que dice que “no solamente hay que ser honestos sino parecerlo”.
Por eso, a pesar del generoso permiso que me dio el señor Procurador General de la Nación de participar en las reuniones políticas que están haciendo los partidos: mi Partido de La U, mañana, y el Partido Liberal, mañana también, he decidido que no voy a participar, porque se puede prestar a malas interpretaciones. Yo soy Presidente de todos los colombianos. Ya hay algunos que dicen: “Pero va a unos partidos y a otros no”.
Además no voy a ir a la transmisión de mando de la Presidenta (de Argentina) Cristina de Kirchner, que va a ser mañana, porque estamos en una emergencia invernal.
Voy a irme más bien a Bucaramanga esta tarde, voy a dormir allá y a acompañar a todos los santandereanos, porque esta tragedia invernal no solamente está destruyendo el departamento sino que ya ha cobrado demasiadas víctimas.
Ayer no más un alud se llevó a seis personas, perecieron, y ustedes oyeron por los medios de la comunicación ese drama de esa mujer que durante horas pedía socorro, y poco a poco se fue apagando sin que la pudieran salvar.
Creo que en este momento la actividad de la política de los partidos, prefiero dejárselo a los partidos y a los políticos. El Presidente creo que tiene que concentrarse en la lucha contra esta ola invernal que tanto daño nos está haciendo.
Agradecerles de todo corazón la invitación que me hicieron los dos partidos: el Partido de La U y el Partido Liberal. Por los partidos tengo todo el reconocimiento. Esta legislatura va a ser una legislatura también ejemplar. El país entero puede estar mostrando muy buenos resultados, el mundo entero está señalando a Colombia como una estrella fulgurante, gracias a la labor del Partido Liberal, del Partido de La U, de los partidos políticos en el Congreso de la República.
Y que esta última semana ojalá rematen con broche de oro. Pero realmente creo que lo más conveniente es no asistir a ninguna de las reuniones políticas y dedicarme más bien a tratar de buscar la forma más efectiva de ayudar a los damnificados del invierno. Muchas gracias”.